El ejército en la seguridad pública

Enrique Galván-Duque Tamborrel

mayo / 2007

La acción gubernamental debe considerar, el aprovechar la amplia movilización de fuerzas federales para cambiar radicalmente las instituciones locales de seguridad pública.

Si ahora el ejército debe movilizarse masivamente en diferentes puntos del país en forma simultánea, eso es resultado tanto del fracaso de las propias dependencias federales en su combate al narcotráfico y al hampa general, como del incumplimiento de las autoridades locales de sus obligaciones primordiales.

No debemos dar la menor cabida a los pretextos. Con el marco legal vigente las autoridades locales estaban facultadas y obligadas a impedir que las cosas llegaran a donde llegaron. Si los narcotraficantes para sus operaciones criminales no requirieran de algún grado de complicidad de malos servidores públicos locales, ni se molestarían en sobornarlos.

Pero esto no significa que, como autoridades locales no están facultadas para combatir al narcotráfico, entonces no les quedaba más quedarse con los brazos cruzados. Los narcotraficantes no requieren tanto de los policías locales para la producción o el tráfico, pero si requieren de ellos para ejercitar impunemente su violencia o para que los policías la ejerciten por ellos.

Las desapariciones y los asesinatos son delitos del fuero común. Si las autoridades locales hubieran sido diligentes en prevenirlos y perseguirlos, no se hubiera llegado al nivel extremo de violencia que se llegó.
El Ejército Mexicano no puede estar permanente movilizado como lo está ahora. No es su tarea suplir a las autoridades civiles, sean federales o locales. Los operativos extraordinarios deben cesar en algún momento.
El gran riesgo es que después de un tiempo de que los operativos federales cesen, regrese la violencia.

El punto está, entonces, en asegurarnos que las instituciones locales de seguridad pública cumplan con sus obligaciones, independientemente de que el marco legal se modifique y les faculte para perseguir al narcotráfico. Por lo demás, no deja de ser curiosa la insistencia de autoridades locales en tener facultades persecutorias del narcotráfico, cuando sus obligaciones elementales de perseguir a los delitos comunes (incluyendo perseguir a los sicarios) no las cumplen.

La corrupción, debilidad organizativa y también insuficiencia de recursos es tal en muchas instituciones locales de seguridad pública, que se requiere una verdadera refundación de las mismas. No basta con detener algunos policías locales ostensiblemente involucrados en el narcotráfico, requisarles armas o destituirlos. Se requiere rediseñar las organizaciones; establecer metas de reducción de la violencia, el crimen y la impunidad como mejor instrumento de control; profesionalizar a los agentes (lo cual supone un incremento sustancial en sus sueldos de manera urgente) y destinar --para apoyar estos cambios-- tantos recursos como sea necesario, por encima de cualquier otra prioridad del gobierno.

Hasta ahora se ha justificado la intervención del ejército por la consideración de que el crimen organizado, dentro del cual se enmarca el narcotráfico, ha rebasado los límites de la seguridad pública, convirtiéndose en una real amenaza a la seguridad nacional. El poder económico con el que cuenta, así como el armamento y capacidad logística con los que cuenta rebasa ya la capacidad policíaca.

Hace unos días –miércoles 23 de mayo-- los legisladores –específicamente los representantes del PRI y PRD--, y para colmo de la estulticia, dieron un ejemplo de ignorancia extrema y de lo desligados que están de la ciudadanía. La Comisión Permanente aprobó –con la oposición de los representantes del PAN-- un punto de acuerdo para exhortar al Presidente de la República que retire al ejercitó de la lucha contra la delincuencia organizada y que se mejoren los cuerpos policíacos. ¡Acabáramos!, ¡Inventaron la pólvora y el hilo negro! Pero soslayaron los rubros tiempo y costo que se necesitan para ello.

Un niño de 10 años me hizo el siguiente comentario: «La delincuencia organizada posee armamento del tipo que está clasificado como de "uso exclusivo del ejercito", entonces el único capaz de combatirla es el ejercito»

Un amigo, experto en Cálculo de Probabilidades, hizo un estudio referente al tiempo que tardarían los diferentes cuerpo policíacos --federales, estatales y municipales— en depurarse y alcanzar una capacidad adecuada. El estudio arrojó el dato de que se necesitan 226 años para ello, o sea 21.5% más que el tiempo que tenemos los mexicanos de vida independiente. Esto resulta congruente con el estudio realizado que arrojó como resultado que necesitamos 280 años para revertir en sentido positivo los 70 años de vicios o malos hábitos –llámele como quiera que para el caso es lo mismo-- adquiridos durante 70 años de hegemonía "revolucionaria" (PNR-PRM-PRI).

Unos días después, cuatro para ser exactos, en la reunión de la CONAGO, todos los gobernadores estatales sin excepción dieron su apoyo irrestricto al Presidente de la República en lo que se refiere a la campaña emprendida contra la delincuencia organizada, y es más, felicitaron a los integrantes de las fuerzas armadas –ejercito y marina--, a través de sus respectivos secretarios, por su actuación. Esto pone en entredicho la representación de los legisladores.