Pareciera que nuestros políticos han readoptado la costumbre de subordinar su trabajo político al cuidado de su imagen pública, esa práctica que fue tan brillantemente explotada por gobernantes tan insignes como Luís Echeverría y José López Portillo.
Desafortunadamente, pareciera que la mayoría de nuestros políticos, sin importar su signo político o el cargo que ejercen, están empeñados en subordinar decisiones políticas necesarias, como el mantener un balance en las finanzas públicas o hacer respetar la ley, a disposiciones de corto plazo que sólo buscan incrementar la popularidad.
Como muestra, podemos mencionar a nuestro gobierno federal, que ante la amenaza del descontento popular por un eventual incremento en la inflación como consecuencia del aumento en el precio de la gasolina, anunció por todos los medios a su alcance que el gobierno no está a favor del incremento de los precios, y de manera olímpica dio a entender que los responsables de esa decisión eran la Cámara de Diputados o los empresarios.
¿Era necesaria una reforma fiscal? Por supuesto, lo mismo que otras reformas de fondo que no se han discutido en el Legislativo por cuestiones ideológicas o porque serían muy impopulares ante algunos segmentos de la población.
En un escenario así, se hacen propuestas parciales que de ninguna manera solucionan las causas de los problemas. Así, la reforma fiscal que se presentó consideró únicamente una alternativa para generar mayores recursos de los contribuyentes cautivos. Sin embargo, no simplificó el pago de las contribuciones ni ubicó a nuestro país en una mejor posición competitiva, por no decir que la propuesta que se hizo para combatir la cada vez más creciente economía informal difícilmente solucionará ese problema.
En un escenario local, el Jefe de Gobierno del DF inicia su carrera para el 2012 anunciando el decomiso de predios utilizados por grupos delictivos. En el proceso, hace un uso por demás discrecional de las facultades que le ofrece la ley, pero con el argumento de que se trata de criminales, cualquier acción está más que "justificada".
Más adelante, cuando se anunció su programa de seguro para el desempleo, en ningún momento mencionó cómo se generarían las reservas financieras para asegurar la viabilidad de este subsidio sin poner en entredicho la estabilidad financiera de la Ciudad. A final de cuentas, cuando se trata de subir la popularidad, es innecesario decir de dónde saldrán los recursos o qué inversiones se dejarán de hacer con ellos.
Desafortunadamente, esos no son los únicos ejemplos: tenemos a gobiernos estatales y municipales retrasando decisiones importantes con el simple objetivo de mantener los niveles de popularidad de las autoridades en turno.
Ante la importancia, cada vez mayor, del voto ciudadano, nuestros políticos están subordinando decisiones trascendentes a la imagen. Esa situación genera un espejismo de corto plazo que eventualmente se tiene que pagar. Las crisis recurrentes que tuvimos en los años ochenta y noventa fueron simplemente resultado de las brillantes decisiones que tomaron Echeverría y López Portillo para mantener su imagen.
Nuestra democracia debe madurar para que evaluemos a nuestras autoridades por su capacidad de entregar resultados inmediatos sin comprometer el largo plazo y sentando las bases para el crecimiento en el futuro. Para la mayoría de los jóvenes de nuestro país, los excesos del populismo no son sino simples referencias a un pasado muy lejano. La realidad es que, si no aprendemos del pasado, estaríamos arriesgándonos a volver a cometer los mismos errores que en el pasado, cuando lo necesario se subordinaba a la imagen del gobernante en turno.
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