Impune el maltrato a las mujeres

Enrique Galván-Duque Tamborrel mayo / 2007     Informe de derechos humanos concluye que impera la "impunidad sistemática".  Las mujeres en las Américas son víctimas de violencia y maltrato por agresores que casi nunca son sancionados porque existe un "patrón de impunidad sistemática" en el procesamiento judicial, dijo ayer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).   Las dificultades no afectan en igual medida a todas debido a que algunas mujeres "están más expuestas al menoscabo de sus derechos" por causa del racismo, como las indígenas y negras, afirmó en un informe difundido coincidentemente con su primer período de sesiones ordinarias del año.   El informe Acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en las Américas, fue elaborado durante dos años con investigaciones directas y un cuestionario enviado a los estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), del cual la CIDH es un órgano autónomo.   La CIDH dijo que 23 de los 34 estados miembros activos de la OEA contestaron el cuestionario, considerado "el más alto obtenido en la historia" de la CIDH para un cuestionario.   El informe no menciona situaciones específicas como las de Ciudad Juárez, en México, donde han sido asesinadas unas 400 mujeres desde 1993 y Guatemala, donde unas dos mil muertes de mujeres en seis años esperan esclarecimiento judicial. El hecho de que la mayoría de los actos de violencia contra las mujeres quedan en la impunidad "perpetúa la aceptación social de este fenómeno", dijo la CIDH, reiterando la necesidad de "mejorar la respuesta judicial de los estados". Otras conclusiones: La CIDH observa que a pesar del reconocimiento formal y jurídico por los estados de que la violencia contra las mujeres constituye un desafío prioritario, existe una gran brecha entre la incidencia y la gravedad del problema y la calidad de la respuesta judicial ofrecida. En el área específica de la administración de justicia, los estados carecen de una visión y de una política integral institucionalizada para prevenir, sancionar, investigar y reparar actos de violencia contra las mujeres. La existencia de patrones socioculturales discriminatorios influye en la actuación de los funcionarios en todos los niveles de la rama judicial, quienes consideran los casos de violencia como no prioritarios y descalifican a las víctimas. Entre las razones que explican la inacción de autoridades estatales se encuentran su desconfianza de las denuncias presentadas por las víctimas de violencia y su percepción del tema como un asunto privado y de baja prioridad. La violencia y la discriminación contra las mujeres todavía son hechos aceptados en las sociedades americanas, lo cual se refleja en la respuesta y en el tratamiento de los casos de violencia por parte de los funcionarios de la administración de la justicia y de la policía.