El IFE es de los ciudadanos, no de los políticos

Por: Enrique Galván-Duque Tamborrel

Diciembre / 2007

 

Nuestra democracia, en el mejor de los casos, es una democracia púber, una democracia adolescente. En ella los diversos actores actúan de manera irresponsable e irreflexiva.

 

Algunos analistas sostienen que todo sistema contiene dos elementos fundamentales: a) instituciones y b) actores. Así, la modificación de las instituciones, de las reglas del juego del sistema, genera incentivos y/o restricciones al comportamiento de los actores políticos, económicos y sociales. Por ejemplo, la llamada reforma electoral, que está a punto de ser discutida en el pleno de la Cámara de Diputados, puede impactar al sistema político nacional y, consecuentemente, al sistema social.

 

 

Una de las modificaciones institucionales que apuntalaron nuestro camino a un sistema más abierto y que señalaron un punto de inflexión en nuestro proceso de consolidación de un sistema democrático, fue la reforma electoral de 1996. En ésta se le otorgó total autonomía al IFE y se aumentaron considerablemente los fondos públicos para el financiamiento partidista, contribuyendo a catapultar la caída de un régimen autoritario. Como consecuencia de ello, festejamos la pluralidad electoral en 1997, gracias a un sistema de partidos más competitivo, y posteriormente, la alternancia en el 2000. Sin embargo, esa reforma no fue suficiente para generar candados adicionales a la estupidez y mezquindad de algunos políticos que vieron en unos resultados electorales estrechos en 2006 la oportunidad para minar la credibilidad de dicho instituto.

 

 

El Instituto Federal Electoral es un organismo público y autónomo, responsable de cumplir con la función estatal de organizar las elecciones federales, es decir, las relacionadas con la elección del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y de los diputados y senadores que integran el Congreso de la Unión, que fue creado gracias a la participación social de muchos años. El IFE es el resultado histórico e institucional de grandes batallas ciudadanas por construir un entramado de reglas y procesos que permiten la participación, supervisión y vigilancia de la vía de acceso al poder de aquellos que pretenden representar equilibradamente a la misma sociedad. Es un organismo de la sociedad, pero por sobre cualquier otra cosa, para la sociedad.

 

Tanto el financiamiento a los partidos políticos como la ciudadanización del IFE, así como la reducción al margen de sobre representación del partido ganador en cuestión, son los tres elementos fundamentales de aquella reforma de 1996. Con ello se conseguía que los partidos políticos no tuvieran, en principio, la tentación de obtener por otras vías financiamiento espurio; que el partido ganador sólo contara con ocho puntos porcentuales, y no quince como en el pasado, de margen para gobernar desde la Cámara de Diputados; y, lo más importante: que el IFE ya no dependería del gobierno federal y consecuentemente, la autonomía e independencia del organismo garantizaría los resultados electorales.

 

 

Hoy en día muchos políticos se rasgan las vestiduras hablando sobre el exceso de financiamiento, sin embargo, son ellos mismos quienes dictan las reglas, por ejemplo de tiempos de campaña, que hace que se tenga tal dispendio en las campañas electorales. También claman al cielo hablando de las grandes cantidades de dinero que el IFE gasta para su propia operación y organización de las elecciones, pero estos grandes montos no representan otra cosa que el mayúsculo costo de la desconfianza histórica en los procesos electorales en nuestro país.

 

El IFE de hoy y de entonces es un organismo que tiene credibilidad, inclusive mayor a la que tienen hoy los diputados federales. Es una institución en la cual confiamos los ciudadanos, porque somos los ciudadanos los que manejamos dicho instituto y sus procesos.                            

 

 

Usar esta institución como moneda de cambio, como el PAN, el PRI y el PRD y las otras franquicias electorales pretenden, sólo evidencia la falta de categoría de nuestra clase política. Es y representa la eficacia cortoplacista y la ausencia de una visión de Estado y de largo plazo. Si la destitución adelantada de los actuales Consejeros Electorales es mercancía de intercambio del PAN para conseguir una reforma fiscal y un supuesto respeto al Presidente en su primer Informe de Gobierno, para el PRI es un supuesto equilibrio y respeto a su grupo parlamentario y a no tocar a sus financiamientos históricos desde la tributación; para el PRD, en cambio, es la confirmación de un fraude en 2006. Vaya clase de políticos… sólo están protegiendo su propia supervivencia. Con esta clase de actores, de verdad, no existen instituciones que resistan.

 

Hoy es necesario construir reformas de segunda generación a nivel institucional que permitan la evolución de nuestro sistema político. Por ejemplo, la reelección y disminución de legisladores permitiría instaurar reformas de tercera generación, cuyo objetivo sería el consolidar y perfeccionar el régimen democrático por medio de esquemas de participación ciudadana y rendición de cuentas, y entonces hablar de una democracia adulta. El respeto a instituciones como el IFE van precisamente en esta dirección, pero claramente nuestros políticos tienen otra agenda.