Por: Enrique Galván-Duque Tamborrel
Octubre / 2007
A principios de 1860 Miramón sitió a Veracruz para impedir que Juárez siguiera legislando desde ahí bajo la égida estadounidense.
Cuando Juárez supo que los buques de Miramón iban a bloquear Veracruz, lanzó una circular declarando piratas a los buques el 25 de febrero de 1860. Asimismo se puso en comunicación con Mister Twyman, cónsul estadounidense en Veracruz, y por su medio con el Capitán Turner, encargado de la flota estadounidense, la cual se hallaba entonces en la bahía de Veracruz. Como resultado de ello, tres buques de guerra estadounidenses, el Saratoga, el Wave y el Indianola, llevando izada la bandera de los Estados Unidos, atacaron en aguas de México y pusieron fuera de combate a los buques mexicanos de guerra (6 de marzo de 1860) y éstos, con su cargamento de armas para Miramón, fueron enviados a Nueva Orleáns, acusados de piratería. Allí las autoridades estadounidenses rechazaron la acusación de piratería y censuraron a Turner por su acción; pero ya Juárez se había salido con la suya, y Miramón, a consecuencia de esa intromisión injustificada de los buques estadounidenses, tuvo que levantar el sitio de la plaza.
Juárez, sin embargo, había invocado el poder del extranjero y sangre de mexicanos había sido derramada por tropas extranjeras, de donde se ha deducido y concedido generalmente que Juárez traicionó a su patria y violó su independencia a manos de un enemigo benévolo para con él... La intervención extranjera en los asuntos de México, era un hecho y Juárez la había provocado.
Cuando Miramón comenzó el sitio de Veracruz, prácticamente todo el país estaba en manos de los conservadores, menos Morelia y Veracruz; pero con la intervención de Turner, injustificable en Derecho Internacional, el aspecto de las cosas cambió radicalmente. Perdidos sus buques, Miramón vio imposible la captura de Veracruz, mientras que los juaristas, apoyados moral y económicamente por los Estados Unidos y reforzados con hombres y armas estadounidenses, salieron de sus escondites y renovaron sus ataques por todo el interior.[1]
Daños económicos y sociales ocasionados por las leyes liberales
La Constitución liberal de 1857 estableció la independencia entre la Iglesia y el Estado; sostenía la igualdad de todos los ciudadanos, declaró la enseñanza libre en vez de la instrucción cristiana que se daba en las escuelas, no autorizó los votos religiosos y quitó las restricciones de imprenta en favor de la religión católica. En cuanto al derecho de propiedad, enfatizaba el derecho individual y limitaba, sin suprimirlo, el derecho de propiedad de las corporaciones, principalmente religiosas, por lo que privó a las corporaciones eclesiásticas de la capacidad legal de adquirir o administrar bienes raíces, con la excepción de los edificios destinados inmediata y directamente al servicio u objeto de sus instituciones y facultó los poderes para ejercer en materias de culto la intervención que dictaran las leyes.
Esta Constitución pretendía aliviar la presión de los grandes sectores de campesinos sin tierra, con las tierras baldías y los latifundios de las corporaciones civiles y religiosas. Por tanto, se suprimieron los ejidos, las tierras comunales, y las tierras que tenía la Iglesia.
La Constitución de 57 – formada por una minoría radical, y aprobada casi sin discusión por la mayoría de liberales moderados, según aseguran los mismos constituyentes (Zarco) – no tuvo en cuenta el estudio del pueblo para quien iba a legislar, sino que quiso reformarlo todo de un modo violento, y por eso en muchos puntos quedó sin aplicación... Tantas aberraciones como contenía la Constitución dieron lugar no solamente a que católicos como Zuloaga, o moderados como Payno, se rebelasen contra ella, sino que rojos como Baz, y hasta su mismo promulgador – Comonfort – la desconociesen.[2] Esta Constitución contenía tales despropósitos, aun en materia política, que era imposible gobernar con ella y así llegaron a reconocerlo inclusive algunos liberales.
A la Constitución de 1857 se añadieron después las leyes de reforma promulgadas por Benito Juárez en 1859, las cuales decretaban la supresión de todas las Órdenes religiosas y la nacionalización de todos los bienes del clero secular y regular. Además, se declaraba al matrimonio como un contrato meramente civil, sujeto solamente a las autoridades civiles.
Juárez, encerrado en Veracruz bajo el amparo de los yanquis, se dedicaba a promulgar sus famosas leyes de Reforma. Por ellas decretó no ya la separación entre la Iglesia y el Estado, sino la subordinación de aquélla a éste... Esta ley... aparte de ser injusta, fue inconstitucional, puesto que – como escribe D. Blas Gutiérrez – "la Constitución reconociendo a la Iglesia no podía expropiarla porque no pidió su consentimiento ni la indemnizó; ni podía confiscarla porque la confiscación estaba prohibida por el artículo 22" (leyes de Reforma, pp. 2 y 38). Así pues, esa ley, como todas las de Reforma, fue una adición que desgarraba cada artículo de la ley fundamental a la cual Juárez tenía por bandera y reformaba a cañonazos, que dijera Rabasa (La organización política de México, p. 162).[3]
Fue patente el despilfarro que se hizo de los bienes de la Iglesia y del saqueo de que fueron víctimas algunos templos, como las catedrales de México, Morelia, Zacatecas, y la Colegiata de Santa María de Guadalupe. Jamás gobierno alguno del México independiente había tenido tantos recursos a su disposición como el de Juárez en 1861, a consecuencia de la nacionalización de los bienes eclesiásticos, que importaron más de 60 millones de pesos. Pero jamás tampoco había habido el despilfarro que entonces. Los bienes se regalaban por casi nada y en realidad sólo sirvieron para enriquecer a unos cuantos.
Según las leyes civiles, no podía venderse ninguna propiedad nacional si no era en subasta pública y previo avalúo. Nada de esto se observó entonces. Las ventas se verificaron por contratos secretos, los cuales desaparecieron cuando Juárez marchó a San Luís Potosí. Como ejemplo de venta censurable se cita la del Colegio de Puebla tasado en 200 mil pesos y vendido en cinco mil.[4]
Con estas medidas se fortaleció el poder del Estado; sin embargo, la desamortización de los bienes de las corporaciones, extendida a las propiedades comunales de pueblos, de las comunidades indígenas, de congregaciones religiosas, etc., despojaba a los menos preparados para vivir, perjudicando también a los municipios a los que despojó de sus "propios" y provocó un aumento de desheredados, además de favorecer el latifundismo al no poner traba alguna a los poderosos.[5] En este sentido, José Vasconcelos, el "Maestro de América", se refiere a su paisano oaxaqueño en estos términos:
"La Reforma, pues, proletarizó a las comunidades indígenas. Y es de una ironía dolorosa considerar que fue Juárez, un indio, quien privó de sus tierras a sus compatriotas que la ley española había elevado a la categoría de propietarios".[6]
Al desamortizarse las tierras de la Iglesia, valuadas en aproximadamente una vigésima quinta parte del valor total de las tierras del país en aquel entonces, tierras productivas dedicadas al Bien Común (y de mala fe llamadas de "manos muertas"), los campesinos, peones pobres respetuosos de las excomuniones de la Iglesia, no pudieron comprar estas tierras. Los bienes de la Iglesia pasaron entonces a unas "manos tan vivas", que en diez años se desaparecieron.
Por otra parte, en una época en la prácticamente no había bancos, la principal fuente de crédito había sido la Iglesia, la cual prestaba entonces su capital al módico interés de 6% anual, por lo que la Iglesia Católica en México, más que una mano muerta que poseía esos capitales era una mano bienhechora, pues prestaba dinero por más de lo que valían las fincas, además de prestar sus tierras a los campesinos a una módica renta. En cambio, con las nuevas leyes, quienes contrataban créditos hipotecarios después de la desamortización, tuvieron que hacerlo con particulares que cobraban el 2% mensual cuando menos, ya que otra ley había permitido la libertad ilimitada en el tipo de interés, por lo cual, los pobres cayeron en poder de usureros sin entrañas. Además, millares de niños y de enfermos se quedaron sin instrucción y sin auxilios, es decir, el gobierno los dejó en la miseria y en el desamparo.
Al repartirse las tierras desamortizadas de la Iglesia con las tierras de comunidades y de ejidos, se formaron los latifundios, pues las tierras quedaron en manos de unos cuantos extranjeros, criollos y mestizos que sí tenían capital y no temían las leyes de la Iglesia en la que no creían.
Eso resultó ser un gran bocado para los ricos sin escrúpulos, golosos de tierras... A esos ricos los llama Molina Enríquez "Nuevos Criollos", en cuyas venas ni siquiera corría siempre sangre española.[7]
Gobierno en bancarrota
No pasó mucho tiempo sin que el despilfarrado gobierno de Juárez se encontrase otra vez en estrecheces económicas, al grado de resolver (ley del 27 de julio de 1861) la suspensión del pago de la deuda exterior por dos años. Tal decisión hizo que España e Inglaterra sospechasen una insolvencia del gobierno.[8]
En efecto, tan pésima fue la administración del gobierno juarista, que en poco tiempo se encontraba en bancarrota y tenía que pedir un préstamo forzoso y ordenar, por medio del Congreso "que se faculta al gobierno para que se proporcione recursos de cualquiera manera que sea con el fin de destruir a la reacción" (Cuevas). Por su parte los Estados Unidos por conducto de su representante Mr. Corwin, ofrecieron a Juárez un préstamo con hipoteca de terrenos baldíos en varios Estados del norte, pagaderos en seis años so pena de perder México esos terrenos baldíos. Juárez aceptó el convenio, no así el Senado norteamericano. Además, Juárez consintió, por medio del convenio "Wike-Zamacona" que los agentes consulares ingleses cobrasen directamente de las aduanas, o más bien, de los importadores, las asignaciones para los tenedores de bonos, autorizándolos para examinar los libros. El liberal Vigil confiesa que este convenio "hubiera equivalido a perder nuestra soberanía sin disparar un cañonazo, incompatible absolutamente con el honor y la independencia de la República".[9]
No sabe qué hacer con el ejército
Una vez concluida la intervención francesa en 1867, Juárez no supo resolver el problema de la integración de los militares a la vida civil.
Al tiempo de la toma de Querétaro y de la capital, había unos 90,000 hombres sobre las armas, lo cual creaba el difícil problema de volver a encauzarlos en la vida civil. Para el modo iluso de ver que tenía Juárez, los soldados no habían hecho más que cumplir con un deber patriótico y con eso terminaban las responsabilidades del gobierno para con ellos, según aquel dicho de que: "El Moro ha prestado su servicio, ya puede irse el Moro". Como el erario público estaba casi vacío después de tantos años de guerra, Juárez desechó la idea de otorgar pensiones militares, por falta de dinero, una vez agotados y vergonzosamente disipados los recursos que su gobierno había obtenido de la desamortización de los bienes del Clero. Así pues, reteniendo un ejército de 20,000 hombres, despidió a los demás a sus casas, sin más preliminares, pero dejando amargados a los soldados, quienes al retirarse decían de Juárez que era "ingrato e inhumano"... Los 70,000 soldados que Juárez había licenciado, sin otra recompensa que un "gracias", se convirtieron en una amenaza social, y aunque muchos volvieron a la vida civil ordinaria, otros muchos, en cambio, no quisieron o no pudieron hacerlo, y la sangre les hervía en las venas, puesto que lo único que sabían de México eran las conmociones políticas y revolucionarias de que éste había sido escenario en los últimos cincuenta y tantos años. La educación, como resultado de las restricciones impuestas por la Constitución de 1857 y las leyes penales de Juárez había sucumbido por completo. Las florecientes escuelas religiosas habían dejado de existir, pero ninguna otra había venido a reemplazarlas. En vez de libros, se habían repartido machetes, rifles y espadas, y en vez de aprender el cultivo de la tierra, habían aprendido a matar.
El mismo Juárez les había enseñado el modo de confiscar, destrozar y saquear, así que, una vez suprimida la sanción oficial, se dejaron llevar de su propia iniciativa, y a consecuencia fue que bandas de salteadores, ladrones y asesinos, merodeaban por los caminos e infestaban el país. Su herencia era el desorden y la violencia, y aun hubo antiguos generales que se hicieron jefes de bandoleros. Con frecuencia había secuestros de personas para exigir rescate. Los historiadores llegan a llamar a este periodo "la época de los plagios". Juárez se alarmó seriamente, y logró por fin que se dieran leyes para poner dique a los males del bandidaje.[10]
Porfirio Díaz aprovechó hábilmente la impopularidad de Juárez entre los soldados y más tarde surgiría el partido político de los porfiristas.
Por temor al poder político de los porfiristas, Juárez le ofreció a Porfirio Díaz el puesto de Presidente de la Suprema Corte de Justicia, aunque era evidente su incapacidad legal y su falta de preparación para el cargo, el cual requería de un jurisconsulto. De todos modos, el general Díaz no aceptó la oferta, aunque había estudiado algo de leyes.
Otra vez compromete la integridad del territorio nacional
El gobierno de Juárez se encontró, al triunfo del partido liberal, con una situación por demás dolorosa. Los capitales habían huido al extranjero; la industria se encontraba en bancarrota; las personas de verdadero valer habían emigrado o se habían retirado de la política; el bandolerismo se hallaba en su apogeo y, para colmo de desgracias, el gobierno, con sus reformas legales a la Constitución y su persecución religiosa contribuyó a aumentar el caos y la anarquía.
El gobierno juarista... celebró dos contratos con poderosas compañías yanquis hipotecando terrenos de Tamaulipas y de San Luís Potosí y comprometiendo la integridad territorial de la Baja California. Se reformó la Constitución sin los requisitos establecidos por ella.[11]
Otras incongruencias
En las elecciones presidenciales de 1871 Juárez, Lerdo y Díaz se presentaron como candidatos, resultando ganador Benito Juárez, aunque con evidentes fraudes electorales. Porfirio Díaz se levantó en armas con el Plan de la Noria para arrojar del poder a Juárez, pero fracasó.
Juárez gobernó durante 15 años, más del doble que Antonio López de Santa Anna, quien apenas pudo sumar unos seis años de gobierno. Santa Anna, ambicioso y petulante, astuto y despótico, fue más que nada, Santaannista, y si es verdad que reprimiendo el vandalismo hizo bien al país, con todo, su dictadura, particularmente la de 1853-1855, hizo gemir de dolor al pueblo. Y sin embargo, debe advertirse que esta última vez, para evitar la anarquía que se extendió sobre la nación después de la infame guerra que nos hizo Estados Unidos, fueron los mismos yorkinos los que lo reinstalaron en el poder, ya que yorkinos fueron Gregorio Dávila y Benito Juárez que lo llamaron a la presidencia, y yorkinos también Basabre y Miguel Lerdo de Tejada, que fueron a traerlo hasta su destierro de Colombia, como lo asienta el masón José M. Mateos en su "Historia de la masonería en México" (cap. XVII, p. 124).[12]
A Juárez se le ha cuestionado por no haber mostrado magnanimidad con Maximiliano, quien era como él un liberal, cuando éste fue derrotado por las tropas juaristas y fusilado en el cerro de las Campanas en 1867.
Casi todas las acusaciones que se hicieron a Maximiliano, podían con igual derecho hacérselas a sí mismos Juárez y sus secuaces; pero a Juárez le importaba tremendamente la sentencia de muerte del Emperador... Hasta supo desentenderse de la súplica que le envió Seward pidiendo clemencia... No era Juárez para tomar a Lincoln como dechado.[13]
Además de esto, no hay que olvidar que la mayor parte de los liberales se adhirió, con todo el pueblo, a la intervención y al Imperio. Risa da, pues, la estúpida ley del 25 de mayo de 1862, promulgada por Juárez, en que se declara traidores a los intervencionistas y monarquistas porque – como lo apunta Pereyra – "declaraba prácticamente culpables a todos los mexicanos, puesto que la autoridad de Maximiliano fue reconocida por la gran mayoría del pueblo"... Los mismos liberales no pudieron menos de servir a quien les ayudaba a vivir en orden y tranquilidad, porque para ellos el Imperio – como dice Bulnes – "fue la verdadera gloria, la verdadera Patria, la verdadera doctrina política" (463). En vista de esto no es de extrañar que Payno haya encontrado – después del Imperio – ciento cuatro mil solicitudes de empleo al gobierno de Maximiliano, hechas por los liberales, por lo que Lerdo de Tejada le dijo: "si publica usted la lista nos quedamos sin partido liberal" (Bulnes, 577). Pero, qué más: el mismo Juárez pidió desde el Paso, Texas, donde vivía, a su apoderado en México, que revalidara los bienes eclesiásticos que se adjudicó, reconociendo por ese hecho la autoridad del Emperador...
Maximiliano, por su parte, - frívolo y versátil en extremo – no resultó el gobernante que se esperaba, porque gobernó con las injustas y aborrecidas leyes liberales de Juárez y con un ministerio por entero liberal... Se rodeó de liberales, él que era liberal, y los liberales fueron minando su trono; y cuando se vio sin el apoyo de las bayonetas francesas y sin el auxilio de los liberales que lo abandonaban, entonces y sólo entonces se echó en brazos del partido conservador a quien había despreciado y hasta tratado de disolver; partido que, dando una muestra de suma lealtad, lo protegió hasta que pudo.[14]
La Nación oprimida por el liberalismo
Efraín González Luna se refiere a la opresión de la Nación en estos términos: La época que se cierra en Querétaro con el fusilamiento de Maximiliano y sus principales generales, en 1867, aseguró no sólo un triunfo episódico del "partido liberal", sino su predominio absoluto por mucho tiempo, la consolidación de la reforma secularizada y anti-religiosa...
La nueva época que se inicia al consumarse la ruina del Segundo Imperio no ha sido tampoco de ingreso a la normalidad política, de organización real y funcionamiento práctico de instituciones en que tuviera cumplimiento el ideario que selló su triunfo en Querétaro. El Estado mexicano siguió sometido a régimen faccioso y subsistió la tensión patológica que tiene que ser la tónica de la vida pública cuando se basa en una antinomia radical, en un conflicto no liquidado: la antinomia entre una realidad social que se afirma incesantemente y un molde oficial que la repudia y en el que es metida por la fuerza; el conflicto entre un pueblo despojado del derecho de representación, a pesar de los textos legales y de la propaganda, y el gobierno faccioso que se le impone.[15]
[1] Márquez Montiel, Apuntes de Historia Genética Mexicana, pp. 362-363
[2] Ibid., pp. 107-108
[3] Ibid., pp. 115-116
[4] Gutiérrez Casillas, S.J., José. Historia de la Iglesia en México, editorial Porrúa, México 1984, p. 317
[5] Cf. Conferencia del Lic. José González Torres. La Constitución, el pensamiento liberal y Acción Nacional, en Romero Silva, Gabriel. Memorias del PAN (1957-1959), Tomo V, EPESSA, México 1993, pp. 23-26
[6] Vasconcelos, José. Breve Historia de México, Colección Linterna Mágica, No. 30, editorial Trillas, México 1998, p. 296
[7] Schlarman, op. cit., p. 444
[8] Ibid., p. 367
[9] Márquez Montiel, Historia de México, op. cit, pp. 167-168
[10] Schlarman, op. cit., pp. 445-448
[11] Márquez Montiel, Historia de México, op. cit., pp. 202-203
[12] Márquez Montiel, Apuntes de Historia Genética Mexicana, op. cit., pp. 98-99
[13] Schlarman, op. cit., p. 433
[14] Márquez Montiel, Apuntes de Historia Genética Mexicana, op. cit., pp. 125, 131y 133
[15] González Luna, Los católicos y la política en México, op. cit., pp. 44 y 46. Para comprender cómo fue posible que una minoría anticlerical, antirreligiosa, a veces fanáticamente antirreligiosa, lograra tomar el poder y fuera capaz de imponer contenidos doctrinarios, así como una Constitución que no estaban de acuerdo con las convicciones de la gran mayoría del pueblo mexicano, puede leerse el interesante y esclarecedor estudio de psicología social del doctor Juan Auping Birch (México y la modernización: la autoimagen compleja del mexicano en el cambio, en México en el Cambio, Fundación Konrad Adenauer, México 1992, pp. 34-44), quien explica cómo a raíz del trauma del mestizaje se cristalizaron conductas desordenadas durante una evolución cultural de siglos, que hasta cierto punto fueron causa de rezagos económicos y políticos de México.
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