Las remuneraciones de los funcionarios públicos

Por: Enrique Galván-Duque Tamborrel

Febrero / 2007

 

 

Una iniciativa valiente la de Calderón Hinojosa al iniciar su mandato, no únicamente por atreverse a bajar el 10% de su sueldo y el de su gabinete, sino porque tomar ideas similares a las de los contrincantes políticos era casi prohibido en el pasado, o por lo menos era tomado como una regla no escrita.  Esto último se ve por las inmediatas críticas surgidas de los perredistas, quienes no acaban de entender que en la democracia todos los ciudadanos cuentan por igual, independientemente de ideología o religión.  Para los perredistas, y esto lo hemos visto y sabido hasta el cansancio, una idea o propuesta, por buena que sea, si emana de un partido opositor al PRD la desechan ipso facto.  Como tampoco digieren –este es el caso que nos ocupa—que una idea o propuesta de ellos la aplique –en beneficio de todos los mexicanos—un partido opositor.  Esta es la lamentable forma de pensar de quien sólo busca su beneficio.

 

 

El tema del sueldo de los funcionarios públicos tiene varias aristas, por un lado queremos y necesitamos a los hombres y mujeres más competentes dirigiendo al país, a los cuales hay que pagarles bien y por otra parte, a lo largo de la historia de México se han dado abusos que insultan, como fue el sonado caso del Presidente Municipal de Ecatepec, quien se "auto subió" su sueldo a más de $400,000.00 mensuales.

 

La iniciativa de ley enviada al Congreso por el Presidente Calderón, llamada Ley de Remuneraciones, contempla la modificación a los artículos 73 y 127 de la Constitución.

Resumen de las propuestas de la iniciativa de ley:

1. Ningún servidor público podrá recibir una retribución mayor establecida para superior jerárquico y ningún salario podrá rebasar al del Presidente.

2. Las remuneraciones deberán ser proporcionales a la función y responsabilidades que deriven del cargo, además de que la iniciativa incluye reglas para establecer un sistema coherente y homogéneo en todo el país.

3. La obligación a los tres órdenes de gobierno a establecer montos mínimos y máximos para cada nivel; dichos límites serán determinados cada año en los presupuestos de egresos correspondientes.

4. Se establecerán órganos colegiados en los que participarán los expertos independientes, quienes contribuyen a determinar los sueldos y tabuladores.

 

Las necesidades de nuestro país son múltiples y urgentes, es doloroso que el 50% de nuestra población se encuentre en un estado de pobreza, no únicamente material, sino también cultural y el 20% en pobreza extrema.

 

"Los salarios de los empleados y funcionarios públicos deben guardar proporción con los ingresos de la mayoría de la población, es moral y jurídicamente insostenible que existan salarios muy abultados para muchos de los empleados y funcionarios públicos, es decir que exista un gobierno rico, frente a un pueblo pobre. Nuestro país sufre de los salarios más altos para funcionarios, si los comparamos con los existentes en los Estados Unidos de América y en general en los países más ricos del planeta"1.

 

La iniciativa de ley del presidente -y las de los demás partidos- deben contemplar las múltiples prestaciones con que cuentan los funcionarios, como automóviles, dinero para establecer oficinas en sus localidades, bonos, etc. Hay que legislar de tal manera que no puedan darle la vuelta a la ley.

 

Como antes mencioné, los sueldos a los funcionarios deben ser justos y transparentes para el pueblo, no debe existir la posibilidad de ser manejados a discreción, de manera local e independiente. Debe haber una regulación clara para todos los funcionarios y cumplirse los principios básicos de rendición de cuentas a la ciudadanía, ya que esos sueldos se pagan con nuestros impuestos, lo mínimo que esperamos es que sean públicos en las páginas de Internet de cada dependencia.

 

Pero no nos detengamos únicamente en los salarios de los funcionarios públicos, el gobierno también debería tener sistemas de medición de resultados, como los tiene cualquier empresa de la iniciativa privada, no sólo discutamos su sueldo, discutamos sus resultados. La sociedad debe ver los resultados tangibles y mesurables de cada secretario, subsecretario, director, diputado, senador, regidor, etc, con resultados a corto y mediano plazo. Esto debe ser considerado para todas las reformas legislativas.

 

México debe contar con parámetros de competitividad igual que en la iniciativa privada, para que en un futuro no muy lejano los puestos de funcionarios públicos sean llevados por las personas más capaces de éste país.

 

Ahora les toca a los diputados y senadores ser solidarios con el pueblo de México, aprobando las leyes que sean necesarias para regular y ordenar los sueldos de todos los funcionarios públicos.

 

Pero ellos mismos no se deberían escapar de una regulación similar y pongo un ejemplo: Si reducimos la Cámara de Diputados un 40% le ahorraríamos a este país 18 millones de pesos mensuales, por un año son 216 millones y por un sexenio le ahorraríamos a este país $1,296 millones de pesos, con ese dinero podríamos atender algunas de nuestras necesidades prioritarias como salud, alimentación y educación.  En este renglón, resulta significativo analizar las siguientes cifras: en EE.UU., con un poco más de 300 millones de habitantes, tienen 436 representantes (diputados) y 100 senadores, aquí, con 105 millones tenemos 500 diputados y 128 senadores; lo que da, en EE.UU. 1.787 legisladores por habitante y en México 6.28 legisladores por habitante; no piensa usted que es demasiado lo que tenemos.  Resulta paradójico que siendo México relativamente mucho más pobre que nuestros vecinos del norte, nos permitamos el lujo de gastar 3,5 veces más que ellos, y esto si considerando que ganen igual, lo cual sería conveniente analizarlo. 

"Nadie tiene derecho a lo superfluo mientras alguien carezca de lo indispensable". (José María Morelos y Pavón).

 

 

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